Incumplimientos de carácter penal

Delitos

Las personas jurídicas penalmente responsables solo pueden serlo por los concretos treinta y un delitos que expresamente señala el Código Penal que pueden dar lugar a su responsabilidad.

El elenco de delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica puede dividirse en dos grupos, atendiendo a su habitualidad en el ámbito empresarial.

Entre los delitos propios o más habituales del ámbito empresarial:

Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197).
Estafas propias e impropias (art. 251 bis).
Insolvencias punibles: alzamientos y concursos punibles (art. 261 bis).
Daños informáticos y hacking (art. 264).
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 288).
Delitos contra el mercado y los consumidores (art. 288). Incluyen a su vez:
Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 280).
Desabastecimiento de materias primas (art. 281).
Publicidad engañosa (art. 282).
Fraude de inversores y de crédito (art. 282 bis).
Facturación fraudulenta (art. 283).
Manipulación de cotizaciones en los mercados (art. 284.1 y 2).
Abuso de información privilegiada (arts. 284.3 y 285).
Facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y televisión (art. 286).
Corrupción entre particulares y deportiva (art. 286 bis).
Blanqueo de capitales (art. 302).
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis).
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis).
Delito sobre la ordenación del territorio (art. 319).
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 327 y 328).
Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343).
Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 348).
Cohecho (art. 427).
Tráfico de influencias (art. 430).
Corrupción de funcionario extranjero (art. 445).

Criterios de atribución

El criterio elegido por la reforma para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas es doble. De esta forma, las personas jurídicas podrán ser consideradas penalmente responsables de cualquiera de los delitos señalados o, lo que es lo mismo, podrán ser penalmente condenadas como autoras de un delito, en dos supuestos:

(I)

Cuando alguno de sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho, haya cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica.

(II)

Cuando en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, se haya cometido el delito por uno o varios de sus empleados, siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haberse ejercido el debido control sobre su persona y actividad, por los legales representantes o administradores.

Sanciones penales

Las penas aplicables a las personas jurídicas las establece el apartado 7 del artículo 33 del Código Penal. Son siete tipos de penas creadas para imponerse específicamente a las personas jurídicas con la consideración de penas graves, independientemente de su duración.

Multa por cuotas o proporcional.
Disolución de la persona jurídica.
Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
Clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años.
Prohibición definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
Inhabilitación por no más de 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social.
Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o trabajadores.

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